En resumen, la administración Trump propuso que los empleados federales firmen acuerdos de confidencialidad, con el objetivo de prevenir la divulgación de información confidencial a periodistas. La Oficina de Gestión de Personal (OPM) presentó un proyecto de acuerdo que prevé sanciones civiles y penales para los empleados que violen los términos del acuerdo. Además, el gobierno tendría derecho a cualquier 'regalía' recibida por los empleados de las divulgaciones no autorizadas. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos más amplios del presidente para controlar el flujo de información pública. Una portavoz de la OPM declaró que la medida está motivada por las preocupaciones relacionadas con las divulgaciones no autorizadas que afectan las operaciones de las agencias. El proyecto estipula que los ex-empleados necesitarían el permiso por escrito de una autoridad para discutir información confidencial con periodistas después de dejar sus funciones. Aunque este acuerdo no se aplica a las divulgaciones protegidas, Trump ha tenido una actitud agresiva hacia los medios de comunicación, acusándolos de 'noticias falsas' y restringiendo el acceso de los periodistas a eventos oficiales.
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