El parlamento israelí ha adoptado una ley controvertida que establece la pena de muerte para los terroristas, aplicable exclusivamente a los palestinos hallados culpables de ataques antiisraelíes.
La ley fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, siendo respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. La ONG ACRI impugnó inmediatamente la ley ante la Corte Suprema, argumentando que es inconstitucional y discriminatoria. Según la ley, las personas que causen intencionadamente la muerte de otros con el fin de afectar a los ciudadanos israelíes pueden ser condenadas a muerte. En Cisjordania, donde los palestinos son juzgados por tribunales militares, la pena de muerte se convierte implícitamente en una consecuencia para los actos de terrorismo.
Amnistía Internacional ha pedido el rechazo de la ley, advirtiendo sobre su aplicación discriminatoria.
La pena de muerte ha sido raramente utilizada en Israel, aplicándose solo en dos casos a lo largo de su historia.
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