Antes de la iniciativa de Berlín y Viena, la Comisión Europea acusó preliminarmente a TikTok de no tomar medidas suficientes para proteger la salud mental de los usuarios, especialmente de los menores y las personas vulnerables, alegando que el algoritmo recomienda repetidamente contenido sobre tristeza, aislamiento e imagen corporal. Bruselas mencionó asimismo que el procedimiento se desarrolla en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y que, en caso de infracciones confirmadas definitivamente, la empresa podría enfrentarse a multas de hasta el 6 % de su facturación anual mundial.
En este contexto, la Comisión también abrió otras investigaciones relacionadas con riesgos sistémicos: una investigación tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía del 24 de noviembre de 2024, sobre la forma en que la plataforma gestionó los riesgos de manipulación electoral, y solicitudes de aclaraciones sobre el contenido y los mecanismos de recomendación. Por separado, las autoridades españolas solicitaron la suspensión temporal de TikTok después de una investigación que identificó más de 1.000 publicaciones con material de abuso sexual infantil, remitiendo la solicitud a la autoridad competente en materia de protección de datos.