El Parlamento eslovaco ha aprobado una ley que impone requisitos estrictos para el funcionamiento de las ONG.

La nueva ley obliga a las organizaciones no gubernamentales a revelar sus fuentes de financiación y a publicar amplias listas de funcionarios, con multas por errores administrativos. Criticada por las ONG como un intento de intimidación, la ley se considera una normativa de inspiración rusa destinada a limitar las actividades de las organizaciones civiles. Aunque inicialmente se propusieron medidas más duras, algunas enmiendas fueron rechazadas por los aliados de Fico. Las reacciones internacionales sugieren que la ley podría violar los derechos constitucionales y las normas de la UE.