En julio de 2026, las autoridades de la República de Moldova, Rumanía y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, desmantelaron una red que operaba en Ucrania y contaba con aproximadamente 180 operadores de la República de Moldova. Unos meses más tarde, en septiembre de 2026, el fiscal general Ruslan Kravchenko se situó en el centro de un enfrentamiento relacionado con una investigación anticorrupción, después de que NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción anunciaran la investigación de una presunta organización que habría protegido centros de llamadas fraudulentos.
En el mismo periodo, Zelenski pidió la destitución de Kravchenko, y este transmitió en Telegram que la decisión era «la única salida» y que informaría a los socios internacionales sobre los riesgos generados por una eventual concentración de la influencia en el ámbito anticorrupción. También entonces, Kravchenko declaró que tenía la intención de presentar una denuncia contra el director de NABU, Semion Krivonos, acusándolo de falsificar documentos.
Paralelamente, NABU también llevó a cabo registros en el Banco Nacional de Ucrania; las verificaciones fueron confirmadas oficialmente, pero sin detalles sobre el expediente y sin detenciones ni imputaciones hasta el momento de la comunicación. El banco precisó que la actividad continúa con normalidad, mientras que las autoridades señalaron que no podían ofrecer información adicional mientras la investigación estuviera en curso.