La investigación de la policía financiera de Milán ha mostrado que Lagfin se ha fusionado por incorporación con su propia empresa en Italia, sin declarar ganancias de capital de aproximadamente 5,3 mil millones de euros, por las cuales habría estado obligada a pagar impuestos. Las acciones confiscadas representan la suma de los impuestos no pagados. Campari, que tiene un valor bursátil de aproximadamente siete mil millones de euros, ha declarado que no está involucrada en este caso, aunque su presidente, Luca Garavoglia, está siendo investigado por declaraciones fiscales fraudulentas. Lagfin sostiene que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y impugna las acusaciones. La investigación fue iniciada tras el descubrimiento de 1 mil millones de euros en impuestos no pagados entre 2018 y 2020.
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