El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido el viernes por el Congreso y poco después puesto bajo arresto domiciliario, en el contexto de una crisis bancaria que dejó a 2,9 millones de personas sin acceso a sus cuentas. Los 44 senadores presentes votaron a favor de su destitución, acusándolo de faltas en el ejercicio de su cargo y de favorecer al banco Ueno.
El banco central ordenó el lunes que Ueno entrara en un procedimiento de resolución debido a su insolvencia. La medida bloqueó los fondos de los clientes, que representan aproximadamente el 60 % de la población adulta de Paraguay, y la gente ya no pudo utilizar el dinero ni siquiera para compras básicas. Se produjeron protestas en Asunción, algunas de las cuales degeneraron en enfrentamientos con la policía.
La investigación de los fiscales apunta contra Peña por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Intentó dimitir para beneficiarse del estatuto de senador vitalicio, pero el Congreso rechazó su dimisión. El vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento como nuevo líder del país.
Peña está acusado de haber apoyado la expansión de Ueno. Había nombrado al frente del banco central al antiguo director de la institución y mantuvo acciones de Ueno hasta abril de 2025.rayele
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