El gobierno laborista británico, dirigido por el Primer Ministro Keir Starmer, propone una nueva ley que castigará con hasta cinco años de cárcel a quienes anuncien en Internet servicios de inmigración ilegal. Alrededor del 80% de los inmigrantes que llegan ilegalmente al Reino Unido utilizan las redes sociales para contactar con traficantes. La medida pretende reforzar la legislación vigente y ayudar a las fuerzas de seguridad a hacer frente a las redes delictivas. Recientemente, el gobierno puso en marcha un nuevo régimen de sanciones contra las personas implicadas en facilitar la inmigración ilegal.
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