El gobierno británico quiere prohibir a las autoridades públicas el pago de rescates tras ataques de ransomware para combatir la ciberdelincuencia.

La medida propuesta pretende proteger los servicios esenciales y desbaratar el modelo de negocio de la ciberdelincuencia. El Gobierno prohibirá legalmente el pago de rescates por parte de las instituciones públicas e introducirá un régimen de notificación de incidentes de ransomware. Las empresas privadas tendrán que notificarlo al Gobierno antes de efectuar pagos, y los datos recogidos ayudarán a las autoridades a identificar a los autores de los ataques. Esta medida llega tras varios ciberataques recientes que han afectado a la economía británica.