El gobierno británico es acusado de haber intervenido para proteger a la familia real, después de que bloqueó la publicación de documentos sensibles destinados a los Archivos Nacionales.

Estos documentos incluían actas relacionadas con los gastos de viaje del príncipe Andrew y otra información relacionada con la muerte de Diana, Princesa de Gales. La Oficina del Gabinete invocó un "error administrativo" para retirar los documentos, lo que generó acusaciones de encubrimiento. Graham Smith, director de la organización Republic, subrayó que la familia real no debería beneficiarse de excepciones en cuanto a la transparencia.

Los documentos retirados contenían detalles sobre las visitas reales a varios países y los posibles gastos adicionales para el príncipe Andrew. También se hicieron referencias a una carta de disculpas de la oficina de John Major por un telegrama dirigido erróneamente a la Reina Madre.