El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por violación del secreto judicial después de que el Tribunal Supremo dictaminara que las pruebas reunidas en la investigación eran suficientes. Se le acusa de filtrar información sobre el empresario Alberto González Amador, socio de un opositor al gobierno. Su imputación, sin precedentes en la historia judicial española, ha desatado tensiones entre el gobierno socialista y el Partido Popular, que pide su dimisión. Aún no se ha anunciado la fecha del juicio.
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