Este ataque forma parte de la Operación "Southern Spear", una campaña militar de la administración Trump contra las redes de narcotráfico en América Latina. Hasta ahora, más de 100 personas han sido asesinadas en el marco de esta operación, y las autoridades estadounidenses han catalogado a las víctimas como "combatientes ilegales", afirmando que tienen base legal para tales acciones. Críticas por parte de los demócratas y organizaciones de derechos humanos se han expresado respecto a la falta de transparencia y el alto número de víctimas. En paralelo, el presidente Donald Trump ha anunciado la destrucción de una clave en Venezuela, utilizada por barcos involucrados en el tráfico de drogas. Este ataque forma parte de una presión militar más amplia sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusado por Washington de coordinar una vasta red de narcotráfico. El gobierno venezolano rechaza estas acusaciones, afirmando que EE. UU. busca derrocar el régimen para controlar los recursos petroleros del país.
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