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El gobierno de Dinamarca ha propuesto un paquete legislativo que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros condenados a al menos un año de prisión por delitos graves, reconociendo que esta medida podría contradecir la Convención Europea de Derechos Humanos. La primera ministra Mette Frederiksen ha subrayado que la medida es necesaria para la seguridad de los daneses, a pesar de los riesgos legales asumidos.
Dinamarca, parte de un grupo de 27 estados del Consejo de Europa, ha solicitado una reinterpretación de la convención para facilitar la expulsión de delincuentes. La reforma también incluye medidas para intensificar las repatriaciones y estimular las salidas voluntarias de los migrantes. Los extranjeros que no puedan ser expulsados serán monitoreados electrónicamente.
Dinamarca continúa adoptando políticas restrictivas en el ámbito de la migración, iniciadas por los partidos de derecha y apoyadas también por los socialdemócratas.
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