El Gobierno de Canadá anunció el miércoles nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios iraníes y cinco entidades controladas por el Estado iraní, acusados de participar en la brutal represión de la población y en la restricción de las libertades fundamentales.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense, las personas señaladas trabajan en el ámbito de la seguridad y dentro del Gobierno de Teherán. Los funcionarios y las entidades sancionadas habrían contribuido a la vigilancia digital, la censura, el uso ilegal de la violencia, las detenciones arbitrarias y la intimidación de quienes cuestionan al régimen.
Las nuevas medidas llegan después de las protestas desencadenadas a finales de diciembre por el encarecimiento del coste de vida. Las manifestaciones se transformaron rápidamente en protestas antigubernamentales de gran escala, que alcanzaron su punto álgido el 8 y 9 de enero.
Las autoridades iraníes reconocieron más de 3.000 muertos y atribuyeron la violencia a unos «actos terroristas» orquestados por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales con sede en el extranjero sostienen que la represión se saldó con miles de víctimas.
Desde 2022, Canadá ha impuesto 24 series de sanciones contra 237 personas y 265 entidades iraníes. Las protestas de ese año estallaron tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por infringir el código de vestimenta impuesto a las mujeres.
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