Bruselas investiga posibles subvenciones chinas en el contrato para el metro de Lisboa
Bruselas, 5 de noviembre de 2025 — La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad sobre un posible caso de distorsión del mercado interno causado por subsidios extranjeros en la licitación para la nueva línea de metro de Lisboa. La investigación se centra en la empresa china CRRC Tangshan Rolling Stock, uno de los grandes productores mundiales de material rodante, sospechada de haber recibido ayudas estatales de China que le otorgaron una ventaja desleal en el procedimiento público.
Según el ejecutivo europeo, la investigación se lleva a cabo en base al Reglamento sobre subsidios extranjeros (Foreign Subsidies Regulation – FSR), una nueva herramienta de la Unión Europea destinada a prevenir prácticas que afectan la competencia leal en el mercado único. El expediente analiza si los subsidios otorgados por el estado chino permitieron a la empresa CRRC presentar una oferta "inusualmente ventajosa" para el contrato público lanzado por Metropolitano de Lisboa en abril de 2025, relativo al diseño, construcción y mantenimiento de la nueva línea de metro "violeta".
La Comisión recibió la notificación del consorcio liderado por Mota Engil, que incluye a CRRC Tangshan como subcontratista, y decidió que existen "indicios suficientes" de que los subsidios externos podrían distorsionar la competencia. Se llevará a cabo una investigación detallada en la que Bruselas puede solicitar documentos financieros, interrogar a los socios contractuales y evaluar posibles medidas correctivas.
El vicepresidente ejecutivo para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, explicó la decisión por la necesidad de proteger la competencia basada en el mérito:
"Europa sigue abierta al comercio global, pero esta apertura depende del respeto a las reglas. Proteger el mercado único de distorsiones es esencial para asegurar una competencia justa y para defender la seguridad económica de la Unión," dijo el funcionario europeo.
Si se confirma la violación de las reglas, la Comisión puede imponer sanciones, puede prohibir la adjudicación del contrato o puede aceptar remedios voluntarios, como la restitución del subsidio o el ajuste de la oferta.
Entrando plenamente en vigor en 2024, el Reglamento FSR permite a la Comisión investigar empresas fuera de la UE que reciben apoyo financiero de sus gobiernos y que participan en adquisiciones públicas o adquisiciones de empresas europeas. El objetivo es prevenir la competencia desleal en casos en los que las empresas extranjeras pueden ofrecer precios más bajos que sus rivales europeos debido al apoyo estatal.
Desde su entrada en vigor, la Comisión ha iniciado varias investigaciones similares, especialmente en el ámbito del transporte ferroviario y la energía verde, donde empresas chinas, coreanas o del Golfo han ganado licitaciones importantes en estados miembros de la UE.
El caso Lisboa-CRRC representa una prueba importante para la aplicación efectiva de las nuevas reglas de protección del mercado único, en un momento en que la UE intenta equilibrar sus relaciones económicas con China. Al mismo tiempo, el expediente se inscribe en una estrategia más amplia de consolidación de la "autonomía económica europea" y de reducción de la dependencia de empresas subsidiadas de fuera de la Unión, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, energía y tecnología.
Los analistas de Bruselas ven en este expediente una señal dirigida a los estados miembros que gestionan proyectos importantes de infraestructura: la transparencia en la financiación y la igualdad de oportunidades entre operadores deben ser verificadas antes de la adjudicación de contratos, no solo a posteriori.
La Comisión Europea finalizará el análisis en los próximos meses, y el resultado puede ir en tres direcciones: la aprobación del proyecto sin objeciones, la solicitud de "remedios" por parte de las empresas implicadas (como el ajuste de la oferta o la devolución del apoyo recibido) o la prohibición de la adjudicación del contrato si se confirma la existencia de una distorsión significativa. Se espera una decisión en la primera mitad del año 2026, y el veredicto podría convertirse en un precedente esencial para la forma en que la Unión aplica el Reglamento sobre subsidios extranjeros en grandes proyectos de infraestructura.
