Australia ha adoptado una ley que facilita la deportación rápida de refugiados hacia Nauru, generando controversias relacionadas con los derechos humanos y las condiciones en la isla.

La nueva ley australiana permite la expulsión rápida de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales hacia Nauru, de acuerdo con un acuerdo de 30 años a cambio de 2.5 mil millones de dólares australianos. Los habitantes de Nauru tienen opiniones encontradas sobre la recepción de refugiados, invocando las precarias condiciones de la infraestructura. Críticos en Australia y organizaciones de derechos humanos subrayan los riesgos relacionados con la negligencia médica y la falta de garantías procesales para las personas expulsadas.