La anulación del referéndum se produce tras las denuncias presentadas ante el Tribunal Constitucional, que cuestionan la legalidad del proyecto. Sin embargo, el gobierno tiene intención de seguir adelante con el proyecto y está preparando una ley especial para la construcción de la central. El proyecto ha suscitado críticas tanto en Eslovenia como en Austria, que ha pedido una evaluación del riesgo sísmico del emplazamiento.
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