ANÁLISIS Después de una década en la que han neutralizado las decisiones del TJUE, Lia Savonea y compañía solicitan el arbitraje del Tribunal Europeo sobre las pensiones de los magistrados

Una decisión del CCR sobre la reducción de las pensiones de los magistrados ha sido pospuesta por quinta vez con el argumento de que los jueces están analizando la solicitud de la Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ) dirigida por Lia Savonea para que el caso sea arbitrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El paradoja es que, en la última década, la misma Lia Savonea ha sido la punta de lanza de la impugnación de las decisiones del TJUE sobre la Justicia en Rumanía. Acusada de intentar dilatar la decisión del CCR, Savonea declaró para Cotidianul que la solicitud de la ÎCCJ es solo un instrumento legal necesario para asegurar la claridad jurídica.

En los últimos 12 años, Rumanía ha llegado en varias ocasiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con casos sensibles – desde el Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) y la Sección Especial para magistrados, hasta la prescripción de la responsabilidad penal y la protección de los intereses financieros de la UE. En teoría, las decisiones del TJUE deberían haber reestructurado la arquitectura jurídica interna a favor del estado de derecho y de la independencia de la justicia. En la práctica, una parte del sistema – CCR, ÎCCJ, CSM – ha desarrollado estrategias sofisticadas de neutralización, dilación o reinterpretación, que han favorecido directamente a acusados de alto rango, redes políticas y segmentos conservadores dentro de la magistratura, interesados en mantener el status quo.

1. MCV y Sección Especial: el comienzo del “soberanismo judicial”

La decisión del TJUE del 18 de mayo de 2021, pronunciada en los casos sobre MCV, la Sección Especial y las modificaciones de las leyes de justicia, estableció por primera vez claramente que el MCV y sus recomendaciones son obligatorias para Rumanía, como efecto del tratado de adhesión. El Tribunal fue más allá y dijo explícitamente: si una norma interna o una decisión del Tribunal Constitucional contradice el derecho de la UE, el juez nacional tiene la obligación de dejar inaplicada esa norma o decisión y dar prioridad al derecho de la Unión.

Ante el TJUE, sin embargo, la posición oficial transmitida por el CSM – firmada personalmente por Lia Savonea, entonces presidenta del Consejo y hoy presidenta de la Alta Corte – fue de impugnación de todo el marco europeo.

En el punto de vista enviado a Luxemburgo, Savonea:

*cuestionó incluso la competencia del TJUE para interpretar la Decisión 2006/928/CE, el acto mediante el cual se instituyó el MCV, sugiriendo que no sería un “acto sujeto a la interpretación del TJUE”;

*sostuvo que el MCV no es obligatorio para Rumanía, sino solo un conjunto de recomendaciones políticas;

*defendió explícitamente la Sección para la Investigación de Delitos en la Justicia (SIIJ), a pesar de que el MCV y la Comisión de Venecia indicaban que la estructura había debilitado la lucha contra la corrupción y se había convertido en un instrumento de presión sobre los magistrados.

En la práctica, mientras el TJUE intentaba consolidar un estándar europeo: “no puedes retroceder en el estado de derecho después de la adhesión”, una parte de las élites judiciales de Bucarest intentó vaciar el MCV de contenido y reservar en el plano interno un monopolio casi exclusivo del CCR sobre la interpretación de la “supremacía” constitucional. Los beneficiarios directos han sido: la clase política interesada en mantener la SIIJ y las modificaciones de las leyes de justicia que reducen la presión anticorrupción; segmentos de la magistratura, incluidas las redes disciplinarias y de nombramientos, que han utilizado la SIIJ y la arquitectura post-2018 como un instrumento de control interno sobre los jueces incómodos.

2. Decisión histórica: los jueces pueden ignorar al CCR – y el contraataque del CCR

En el mismo nivel del estado de derecho, el TJUE estableció un principio que, en cualquier otro estado miembro, habría sido sísmico: si una decisión del Tribunal Constitucional contradice el derecho de la UE, los jueces deben ignorarla y aplicar directamente la norma europea, sin miedo a sanciones disciplinarias. La decisión consagró no solo la supremacía abstracta del derecho de la UE, sino un poder muy concreto del juez nacional de no someterse a decisiones internas que pongan en peligro los intereses financieros de la Unión o la arquitectura del estado de derecho.

La respuesta del CCR fue, sin embargo, de manual para lo que algunos constitucionalistas llaman “soberanismo defensivo”: el Tribunal comunicó que los efectos de esta decisión del TJUE “solo pueden producirse prácticamente después de la revisión de la Constitución”, reiterando que sus decisiones siguen siendo obligatorias para todas las autoridades, incluidas las instancias. En otras palabras, el CCR impuso una lectura en la que la supremacía del derecho de la UE se detiene en la puerta de la Constitución, y el juez rumano no puede ignorar las decisiones del CCR, incluso si Luxemburgo dice exactamente lo contrario.

En la práctica, esto se concretó en:

*desalentar a los jueces que quisieran aplicar directamente los estándares del TJUE en casos sensibles (leyes de justicia, SIIJ, prescripción, corrupción que afecta los fondos de la UE);

*consolidar una cultura de “obediencia constitucional”, en la que el derecho de la UE se invoca selectivamente, solo cuando no entra en colisión con los intereses internos.

Los favorecidos han sido beneficiarios de la legislación controvertida adoptada en el período 2017-2019 (desde la SIIJ hasta los nuevos regímenes disciplinarios), así como actores políticos que han apoyado un modelo de justicia menos agresivo en relación con la corrupción y las adquisiciones con fondos de la UE.

3. Prescripción y “gran amnistía” encubierta: cuando el TJUE es bueno solo sobre el papel

El enfrentamiento más visible reciente entre el TJUE y el sistema rumano se produjo en el terreno de la prescripción penal. Las decisiones del CCR de 2018 y 2022, que invalidaron disposiciones clave sobre la interrupción de la prescripción, llevaron al cierre de miles de casos, incluidos de corrupción, siendo descritas en el espacio público como una “amnistía encubierta”.

Mientras tanto, el TJUE fue consultado sobre la compatibilidad de este régimen con la obligación de los estados de proteger los intereses financieros de la UE y evitar el riesgo sistémico de impunidad. El Tribunal estableció que:

*los tribunales nacionales deben asegurar la sanción efectiva de los fraudes que afectan el presupuesto de la UE;

*si la aplicación automática de las decisiones del CCR sobre la prescripción genera un riesgo sistémico de impunidad en tales casos, los jueces pueden (y deben) apartarse de esa jurisprudencia para proteger el derecho de la UE.

En teoría, la decisión abría el camino para que los jueces limitaran el efecto de la “gran prescripción”, al menos en los casos que implican fondos europeos o corrupción con impacto en el presupuesto de la UE. En la práctica, sin embargo, algunos reflejos institucionales han tirado del freno:

*el CSM comunicó públicamente que la aplicación de las decisiones del CCR y del ÎCCJ sobre la prescripción es obligatoria, “no quedando a la discreción de los magistrados”, sugiriendo que apartarse de esta línea significa violar la ley.

*comunicados y motivaciones insistieron en que la legislación ya se había alineado con las decisiones del CCR y que para los hechos anteriores se aplica la forma más favorable, lo que, combinado con la prescripción, llevó efectivamente al cierre de muchos casos.

*una parte de los paneles del ÎCCJ siguió la misma línea, estableciendo que los jueces no pueden “combinar” normas o “elegir” qué ley aplicar, sugiriendo que el estándar del TJUE no justifica la renuncia a las decisiones del CCR y del ÎCCJ en materia de prescripción excepto en un círculo extremadamente restringido.

Los ganadores directos de esta opción de neutralizar, de facto, la apertura del TJUE:

acusados en casos de corrupción, evasión y fraude con fondos de la UE, para quienes la prescripción se ha convertido en la escapatoria perfecta;

redes políticas y económicas objeto de investigaciones antiguas, donde el tiempo se había convertido en el principal aliado;

segmentos de la magistratura que, a través de la prescripción, han evitado también su propia responsabilidad por dilatar casos durante años.

4. CSM y la presión disciplinaria: cómo se “desactiva” el entusiasmo pro-TJUE

Otro nivel en el que la jurisprudencia del TJUE ha sido, si no ignorada, al menos contrarrestada sistemáticamente es la zona disciplinaria. El TJUE ha dicho claramente: no se puede construir un régimen disciplinario en el que los jueces arriesguen sanciones por haber aplicado directamente el derecho de la UE o por haber rechazado seguir decisiones de un tribunal constitucional que infringen este derecho. En otras palabras, el juez nacional debe estar protegido institucionalmente cuando elige Luxemburgo en lugar de Bucarest.

En Rumanía, sin embargo, ha habido casos de magistrados investigados o señalados mediáticamente como “antinacionales” por haber rechazado aplicar las decisiones del CCR y del ÎCCJ sobre la prescripción y haber invocado al TJUE.

El CSM, a través de comunicados y posiciones oficiales, ha reafirmado la obligatoriedad de las decisiones del CCR/ÎCCJ y ha advertido implícitamente que las desviaciones individuales no son aceptables.

El discurso público de algunos líderes de opinión en la magistratura, apoyados por parte de la prensa de casa, ha etiquetado a los jueces que aplicaban los estándares del TJUE como “activistas”, “jueces antinacionales” o “magistrados que sirven intereses extranjeros”.

Este clima, sumado a procedimientos disciplinarios o al espectro de los mismos, ha creado un efecto de “desactivación”: muy pocos jueces se atreven a ir hasta el final con la supremacía del TJUE en casos de gran envergadura, por miedo a no convertirse en blanco en el CSM o en el espacio público. El principal beneficiario es el sistema en su conjunto – un cuerpo de magistrados conservador, en el que el conformismo ante las decisiones internas prima, y el TJUE sigue siendo más bien un argumento retórico que un instrumento efectivo.

5. Lia Savonea, la voz del “antídoto” en Luxemburgo

La actual presidenta del ÎCCJ, Lia Savonea, ha tenido en los últimos años varias intervenciones – escritas o a través de motivaciones de decisiones – que construyen un contra-discurso a las recomendaciones y jurisprudencia del TJUE, especialmente sobre el MCV, el estado de derecho y la prescripción.

Tres hitos relevantes:

El punto de vista ante el TJUE sobre el MCV y la Sección Especial. En el documento enviado al Tribunal de Luxemburgo, Savonea impugnó el carácter obligatorio del MCV para Rumanía, cuestionó la competencia del TJUE para interpretar la decisión mediante la cual se instituyó el MCV y defendió explícitamente la Sección Especial, en contradicción con las recomendaciones de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia.

Su posición se situó prácticamente en contra de todo el marco de monitoreo del estado de derecho construido a nivel europeo.

Ejemplo de Motivación “de excepción” sobre la prescripción marca Savonea

En una motivación amplia, co-firmada con la jueza Adriana Ispas, Savonea desarrolla un argumento en el que:

*pone en el centro el principio de la ley penal más favorable y sugiere que los derechos fundamentales de los acusados no pueden estar subordinados a “los intereses financieros de la UE”;

*afirma que los jueces no pueden “combinar” leyes o elegir qué normas aplicar en caso de sucesión de leyes en el tiempo, lo que es una forma de limitar el margen abierto por el TJUE en los casos sobre prescripción;

*consolida la idea de que las decisiones del CCR y del ÎCCJ son obligatorias y no pueden ser simplemente ignoradas, incluso bajo el pretexto de la aplicación directa del derecho de la Unión.

Decisión del ÎCCJ descrita como “declaración de soberanía”

En el verano de 2024, un panel ampliado del ÎCCJ – del que también formó parte Lia Savonea – pronunció una decisión sobre la aplicación del principio de la ley penal más favorable en el problema de la prescripción.

La decisión llama la atención de que la aplicación de la decisión del TJUE en el sentido de desatender una decisión previa del ÎCCJ (HP 67/2022) conduciría a “no asegurar la protección de los derechos fundamentales” de manera compatible con el CEDO;

en esencia, el ÎCCJ transmite que el estándar nacional de protección de los derechos fundamentales no puede ser rebajado bajo el pretexto de proteger los intereses financieros de la UE, lo que permite reinterpretar o limitar los efectos de las decisiones del TJUE en favor de las decisiones internas.

Esta motivación es citada incluso en el ámbito jurídico como una verdadera “declaración de soberanía” de la Alta Corte frente a Luxemburgo.

Todas estas posiciones convergen hacia una línea clara: Lia Savonea se posiciona constantemente como una voz crítica frente a la expansión de la autoridad del TJUE sobre la arquitectura interna de la justicia rumana, utilizando los derechos fundamentales de los acusados y la primacía de la Constitución como argumentos de escudo. Los beneficiarios son, de manera directa, aquellos que tienen interés en limitar los efectos de las decisiones del TJUE sobre la prescripción, el MCV y sobre los instrumentos nacionales de control disciplinario y penal – desde políticos y funcionarios investigados en casos antiguos, hasta redes dentro del sistema interesadas en no ser evaluadas según los estándares europeos de estado de derecho.

6. ¿Quién gana cuando el TJUE es “opcional”?

Analizando estos casos – MCV y Sección Especial, la decisión sobre la posibilidad de ignorar al CCR, la prescripción y el régimen disciplinario – se delinean algunos beneficios claros para los actores que han optado por minimizar el impacto de las decisiones del TJUE en Rumanía:

Los acusados en grandes casos

La prescripción, combinada con la rigidez en la aplicación de las decisiones del CCR y de las HP del ÎCCJ, ha llevado al cierre o debilitamiento de cientos de casos de corrupción, evasión o fraude con fondos de la UE. El TJUE ha ofrecido un marco para limitar el desastre, al menos en los casos con impacto en el presupuesto europeo, pero la forma en que el CSM, el CCR y parte del ÎCCJ han reaccionado ha permitido que la “gran amnistía encubierta” siga produciendo efectos.

Las redes políticas y administrativas

Las decisiones de Luxemburgo sobre el MCV, la SIIJ y el estado de derecho podrían haber acelerado la disolución de los instrumentos percibidos como políticos y la consolidación de la independencia de la fiscalía anticorrupción. Las posiciones de impugnación de Savonea ante el TJUE, las reacciones prudentes del CSM y las interpretaciones restrictivas del CCR han permitido, sin embargo, una prolongación de la vida de estos arreglos o al menos una salida controlada, sin asumir la responsabilidad política y judicial por los desvíos del período 2017-2019.

La élite judicial conservadora

Un segmento del sistema judicial – visible en ciertas secciones del CSM, en paneles clave del ÎCCJ y en decisiones del CCR – gana al mantener un modelo en el que el derecho de la UE es “consultado”, no aplicado. El juez nacional permanece estrictamente vinculado a las decisiones del CCR y del ÎCCJ, y el intento de aplicar el TJUE directamente se presenta como una excentricidad peligrosa. Esto refuerza jerarquías internas, control disciplinario y una cultura de conformismo, en detrimento de un diálogo real con Luxemburgo.

En contraposición, los que pierden son precisamente aquellos en nombre de quienes nacieron las decisiones del TJUE: los contribuyentes europeos, para quienes se garantiza la protección de los fondos de la UE; los ciudadanos rumanos que cuentan con una justicia independiente de los juegos políticos; y los jueces que quisieran ejercer su papel de “jueces del derecho de la Unión” sin miedo a ser sancionados por ello.

En este panorama, no faltan jueces y paneles que han intentado poner en práctica, hasta el final, la supremacía del TJUE – incluso en el ÎCCJ, en casos en los que se ha rechazado la aplicación de las decisiones del CCR sobre la prescripción y se han invocado los estándares de Luxemburgo. Pero estos siguen siendo aún la excepción, no la regla, en un sistema en el que el arbitraje del TJUE es tratado demasiado a menudo como un “dictamen consultivo” y demasiado raramente como lo que es en derecho: un referente obligatorio, que debería marcar la diferencia entre una justicia europea solo a nivel de discurso y una realmente integrada en el orden jurídico de la Unión.

Análisis realizado con el apoyo de Perplexity