Un proyecto sometido a debate público prevé sanciones para universidades y académicos que coordinen tesis doctorales plagiadas.

El proyecto prevé sanciones que van desde la amonestación pública hasta la retirada de acreditaciones o la suspensión del derecho de la institución a organizar la defensa de tesis de habilitación. El Ministerio de Educación también puede supervisar las instituciones de enseñanza superior y proponer su reorganización o disolución en caso de mala conducta.