El presidente Nicușor Dan declaró el martes, en el Palacio de Cotroceni, que la situación financiera de Rumanía debe analizarse con calma, pero que los objetivos asumidos para reducir el déficit presupuestario deben cumplirse obligatoriamente. Advirtió que cualquier desviación afectaría a la credibilidad del país ante los mercados financieros y las agencias de calificación.
Según el presidente, el presupuesto para 2026 prevé ingresos de 730.000 millones de lei y gastos de 860.000 millones de lei, lo que genera un déficit de aproximadamente 150.000 millones de lei. De esta cantidad, 60.000 millones de lei corresponden a los intereses de la deuda acumulada anteriormente.
Nicușor Dan explicó que Rumanía se encuentra en el límite entre la recomendación y la no recomendación de las inversiones. Una eventual rebaja de la calificación podría provocar la retirada de algunos fondos de inversión y de pensiones, mientras que el Estado tendría que endeudarse a un coste mayor. En un escenario grave, Rumanía podría verse obligada a solicitar el apoyo del FMI, con drásticas condiciones de ajuste.
El presidente subrayó que sería difícil reducir el déficit sin adoptar medidas sobre el gasto en salarios y pensiones. Los mayores costes de endeudamiento repercutirían en la población y las empresas, y podrían provocar quiebras y desempleo. La recuperación tras perder la confianza de los mercados puede tardar entre seis y siete años, añadió.
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