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Los inspectores realizaron un control en una explotación de olivos en Fuente del Maestre, Badajoz, el 3 de noviembre de 2023, donde descubrieron a 14 trabajadores rumanos empleados ilegalmente, sin registro en el sistema de seguridad social. Estos representaban dos tercios del total de 21 trabajadores.
Los hechos fueron calificados como un delito contra los derechos de los trabajadores, de acuerdo con el artículo 311.3.b del Código Penal español. El empleador reconoció los hechos y aceptó una pena de seis meses de prisión, acompañada de una multa de seis euros por día durante un período de seis meses.
El tribunal suspendió la ejecución de la pena de prisión, teniendo en cuenta que el empleador no tenía antecedentes penales. La sentencia fue pronunciada en junio, y el caso se cerró sin posibilidad de apelación, dejando al empleador con una condena penal y la obligación de pagar la multa. Esta situación destaca los problemas relacionados con la explotación de los trabajadores temporales en la agricultura.
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