El estado de Estiria en Austria, gobernado por el FPÖ, ha adoptado un paquete legislativo controvertido que introduce sanciones severas para los beneficiarios de ayudas sociales. Estas medidas incluyen multas entre 200 y 4.000 euros para aquellos que no utilizan su capacidad de trabajo o no cumplen con las obligaciones de reporte. Además, las ayudas sociales pueden ser drásticamente reducidas, y en casos extremos, eliminadas por completo, lo que puede llevar a la pérdida de la vivienda.
Los críticos, incluido el jefe de AMS (Servicio de "Fuerzas de Trabajo") en Estiria, advierten que estas reglas pueden crear una "amenaza existencial" para las personas en dificultades, arriesgando enviarlas a prisión solo por ser pobres. Además, las medidas afectan de manera desproporcionada a las personas vulnerables, como las mujeres que huyen de entornos abusivos y las personas con necesidades especiales. El gobierno local justifica estas medidas por la necesidad de ahorrar fondos públicos, pero los críticos las consideran represivas y contrarias a los esfuerzos por crear una legislación unitaria a nivel nacional.