El 13 de febrero, la policía italiana descubrió a 23 ciudadanos moldavos, entre ellos 8 niños de entre 8 y 16 años, empleados ilegalmente en un depósito industrial. Este parecía ser la sede de una empresa de producción, pero las condiciones de trabajo eran insalubres y sin protección.
Todos los empleados estaban sin contratos de trabajo. Tras la redada, un moldavo de 30 años fue arrestado por reingreso ilegal en el país, y la propietaria rumana de 23 años fue acusada de intermediación ilegal y explotación laboral. El depósito fue sellado, y las multas impuestas superaron los 100.000 euros. Los menores y sus padres fueron entregados a los Servicios Sociales, y los demás moldavos recibirán ayuda para regularizar su estatus o serán expulsados.
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