La iniciativa USR estipula que las personas condenadas por corrupción perderán automáticamente su pensión especial, sin excepciones

El proyecto de ley presentado por USR establece que toda persona condenada por corrupción perderá el derecho a la pensión especial, aplicable a todas las categorías de beneficiarios, incluidos los magistrados. El juez mencionará esta pérdida en la sentencia, y si la condena es revocada, la persona será readmitida. El Gobierno informará anualmente al Parlamento sobre las sentencias firmes, garantizando así la transparencia. La iniciativa pretende reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y promover los valores de equidad y responsabilidad.