USR propone la disolución de la Agencia Rumana para Inversiones y Comercio Exterior (ARICE) y la transferencia de sus atribuciones al Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), a través de un proyecto de ley iniciado por el diputado Cezar Drăgoescu. La medida tiene como objetivo reducir el desperdicio de dinero público y mejorar la eficiencia de las instituciones del estado. En los últimos años, algunas atribuciones de ARICE ya han sido trasladadas a otras instituciones, generando confusión y burocracia.
Además, Rumanía enfrenta un desequilibrio comercial significativo, lo que subraya la necesidad de un enfoque más coherente en la promoción de los intereses económicos externos. ARICE, establecida en 2022, ha sido criticada por la falta de competencia de sus empleados, y el proyecto de USR también prevé la transferencia del patrimonio y las obligaciones de la agencia al MAE. En 2025, ARICE tuvo un presupuesto aprobado de 94 millones de lei, en el contexto de un déficit comercial significativo de Rumanía.
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