Antes de la reacción de Tudor Chirilă, la discusión sobre la prohibición de acceso fue situada en un contexto jurídico por las disposiciones de la Ley n.º 544/2001 relativa al libre acceso a la información de interés público: las autoridades deberían conceder la acreditación sin discriminación, y el acceso de la prensa a actividades públicas organizadas por instituciones no puede prohibirse. Los artículos 18 y 19 se invocan también porque la denegación o retirada de la acreditación podría permitirse únicamente en condiciones que impidan el desarrollo de la actividad de la institución y debe comunicarse por escrito.
Asimismo, la Alianza «A Patra Putere» anunció que solicitará a la Administración Presidencial el fundamento jurídico de la medida, mientras que varios actores políticos y cívicos criticaron la decisión, argumentando que se está socavando la libertad de prensa.