Una auditoría del Tribunal de Cuentas, realizada entre el 18 de agosto de 2025 y el 27 de febrero de 2026, identificó deficiencias significativas en la actividad de la Casa Nacional de Pensiones Públicas y de las instituciones subordinadas. Los problemas surgieron especialmente en el recálculo de las pensiones conforme a la Ley n.º 360/2023, debido a errores en la puntuación y al funcionamiento inadecuado del sistema informático.
Los auditores constataron 574.060 casos en los que las puntuaciones habrían sido superiores a las correspondientes, generando gastos adicionales estimados en más de 71,1 millones de lei. Para otros 2.211.060 beneficiarios existen sospechas de una infravaloración de las pensiones, con diferencias estimadas en 230,4 millones de lei. La verificación detallada de una muestra confirmó errores en varios casos.
También se encontraron irregularidades en las pensiones de invalidez y de supervivencia, así como en las prestaciones por jubilación establecidas antes de la nueva ley. Además, se habrían transferido pensiones por valor de 548.821 lei durante más de tres meses después del fallecimiento de los beneficiarios.
El informe también señala complementos salariales concedidos ilegalmente, ventajas fiscales y aumentos calculados de forma incorrecta. El Tribunal de Cuentas solicitó corregir las pensiones, recuperar las cantidades pagadas indebidamente y subsanar el sistema informático antes del 31 de diciembre de 2026.
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