Transelectrica ha anunciado que solicitará la aprobación de la Asamblea General de Accionistas (AGA) para formular una acción en justicia contra los antiguos miembros del Consejo de Supervisión, que emitieron una decisión que ha llevado a perjuicios financieros para la empresa.

Esta acción viene después de que muchos directores revocados hayan ganado juicios en los tribunales, obligando a Transelectrica a pagar sumas considerables. Según un informe de la Corte de Cuentas, la compañía ha sido obligada a pagar más de 30 millones de lei a ex-empleados despedidos ilegalmente.