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La presidenta del Tribunal Constitucional de Rumanía, Elena-Simina Tănăsescu, declaró el viernes que la decisión de anular las elecciones presidenciales de diciembre de 2024 «atrajo la atención del mundo sobre los riesgos de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial, especialmente en relación con los procedimientos democráticos». Según ella, limitar el poder político mediante la Constitución es esencial para proteger el Estado de derecho.
En el discurso pronunciado ante representantes de las jurisdicciones constitucionales, Tănăsescu subrayó que los valores constitucionales deben defenderse tanto en períodos estables como en momentos de crisis. Advirtió que la democracia implica rechazar la concentración del poder en manos de una persona, de un grupo o de una mayoría.
La presidenta del Tribunal Constitucional de Rumanía comparó la intervención de los tribunales constitucionales en procesos electorales de Austria, Rumanía y Bulgaria. Recordó la repetición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales austríacas de 2016, la anulación íntegra de las elecciones presidenciales de Rumanía en diciembre de 2024 y la invalidación parcial de los resultados parlamentarios de Bulgaria en marzo de 2025.
«En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía invalidó todo el proceso electoral relativo a la elección del presidente de Rumanía, con la consecuencia de su repetición íntegra. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional de la República de Bulgaria invalidó parcialmente los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2024. Aunque no es un caso aislado, la resolución del Tribunal Constitucional de Rumanía atrajo la atención del mundo entero sobre los riesgos de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial, componentes de la sociedad de la información, especialmente en relación con los procedimientos y mecanismos democráticos», afirmó también la presidenta del Tribunal Constitucional, según News.ro.
Aunque la sociedad de la información puede ampliar el acceso a la información y la transparencia, también puede favorecer la «mercantilización de la atención humana», advierte.
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