Rumanía, Polonia y Hungría se encuentran en una etapa crucial de un conflicto jurídico con Pfizer y BioNTech, en relación con los contratos de vacunas contra COVID firmados durante la pandemia. Los procesos, llevados a cabo en Bruselas, buscan sumas de miles de millones de euros por dosis de vacuna no aceptadas o no pagadas, en medio de la disminución de la demanda y de los stocks existentes.
El tribunal se pronunciará en breve sobre las obligaciones legales de estos países de pagar las dosis solicitadas, incluso si ya no las utilizan. Rumanía ha suspendido las entregas de aproximadamente 28 millones de dosis, por un valor de más de 600 millones de euros, y Polonia enfrenta un posible pago de casi 1,4 mil millones de euros.
Los representantes de Rumanía subrayan que los acuerdos deben analizarse en el contexto del derecho contractual y de la legislación de la UE, mientras Pfizer insiste en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados. Este conflicto pone de relieve las tensiones entre los estados miembros y las compañías farmacéuticas, así como la forma en que la Unión Europea ha gestionado las adquisiciones de vacunas.
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