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Rumanía se enfrenta al riesgo de perder la fuerza de trabajo extranjera ya presente en el país, a favor de estados como España, que implementan medidas de legalización para cientos de miles de trabajadores.
La Asociación de Importadores de Fuerza de Trabajo (PIFM) subraya que la legislación rumana es rígida y desalentadora, lo que hace que los trabajadores se vayan a otros países que ofrecen estabilidad y perspectivas claras de integración. Mientras España ofrece amnistía para 500,000 trabajadores, Rumanía continúa aplicando sanciones y restricciones, sin ofrecer soluciones para aquellos que se encuentran en ilegalidad por motivos burocráticos. PIFM afirma que Rumanía debería adoptar una ley de amnistía para los trabajadores extranjeros, teniendo en cuenta que las actuales medidas solo sirven para ahuyentar la fuerza de trabajo. Además, las nuevas regulaciones en el ámbito de la migración corren el riesgo de bloquear más de 70,000 solicitudes de permisos de trabajo, lo que podría llevar a pérdidas presupuestarias significativas. La patronal advierte que, por cada mes de retraso en la contratación de trabajadores, el estado pierde aproximadamente 130 millones de lei, y el retraso en el proceso de contratación podría generar pérdidas de hasta 780 millones de lei.
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