El exministro de Salud, Alexandru Rafila, declaró que la decisión de anular el pedido de 29 millones de dosis de la vacuna COVID de Pfizer fue correcta, en el contexto en el que Rumanía ha perdido el proceso con el grupo farmacéutico.
Rafila subrayó que hubo numerosas rondas de negociaciones con Pfizer y la Comisión Europea para encontrar una solución equilibrada, pero que la situación en el Ministerio de Salud era alarmante, con depósitos llenos de dosis expiradas y un bajo interés de la población por la vacunación. Mencionó que Rumanía logró vender 7,5 millones de dosis a otros estados, pero se vio obligada a destruir millones de dosis expiradas, incurriendo en costos adicionales.
"Si hubiéramos aceptado la compra de estas dosis, Rumanía no habría tenido capacidad de almacenamiento, y los costos adicionales por la destrucción de las vacunas habrían incrementado significativamente la factura, afectando incluso la confianza pública en la utilidad de la vacunación", declaró Rafila.
Como resultado del proceso, Rumanía debe pagar 600 millones de euros a Pfizer, y el actual ministro de Salud, Alexandru Rogobete, explicó que el proceso fue generado por la firma de un tercer contrato en 2021, a pesar de los stocks no utilizados.
Rafila subrayó que el dinero de los rumanos debe ser utilizado para servicios médicos, no para pagos sin beneficios reales: "No podía firmar, en silencio, pagos enormes sin beneficios reales para los pacientes rumanos. Para un ministro de Salud, el objetivo es claro: el dinero de los rumanos debe encontrarse en hospitales, en servicios médicos y en infraestructura, no en facturas sin utilidad".
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