El exministro de salud, Alexandru Rafila, declaró que no pudo tomar una decisión sobre las vacunas de Pfizer debido a la falta de una base legal, mencionando que su ministerio no podía aceptar una 'tasa de flexibilidad' de 170 millones de euros sin el acuerdo del primer ministro. Rafila acusó el contrato firmado por Ioana Mihăilă, Florin Cîțu y Tánczos Barna en mayo de 2021 de ser imprudente, generando un problema de 600 millones de euros. Explicó que, tras las discusiones con Pfizer, Rumanía rechazó una opción que implicaba el pago de una multa por dosis no entregadas. En contraste, Vlad Voiculescu, su predecesor, afirmó que había una opción gratuita que solo podía ser decidida por el ministro de Salud, la cual habría reducido significativamente los costos. Voiculescu subrayó que esta opción habría eximido a Rumanía de gastos adicionales considerables.
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