Florin Simineanu, oficial de policía del Servicio de Investigación de la Criminalidad Ambiental del IPJ Constanța, fue sorprendido en flagrante en noviembre de 2025, recibiendo 5.000 euros para no sancionar a una empresa por las irregularidades constatadas durante un control. Tras reconocer el hecho, los fiscales de la DNA dispusieron presentar el caso ante el tribunal con un acuerdo de reconocimiento de culpabilidad. Simineanu fue condenado a 3 años de prisión con suspensión, teniendo un período de supervisión de 3 años.
Además, se le prohibió el ejercicio de ciertos derechos públicos durante 4 años. Aceptó realizar 60 días de trabajo no remunerado en beneficio de la comunidad. El caso fue enviado al Tribunal de Constanța para su validación.
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