Poco antes, el eurodiputado de AUR Gheorghe Piperea había criticado al alcalde general de la capital, Ciprian Ciucu, afirmando que el Ayuntamiento restringiría el derecho a protestar: se habría denegado la autorización para una manifestación en el parque Izvor, y en el proyecto inicial de protocolo se habían propuesto condiciones como la celebración entre las 8.00 y las 18.00, la delimitación estricta del espacio por parte de los gendarmes, la limitación de los discursos y la participación de un máximo de 50 personas.
Paralelamente, Ciucu formuló posteriormente aclaraciones públicas sobre las protestas tras los actos violentos de la plaza Victoriei, precisando que la seguridad pública y la intervención corresponden a la Gendarmería y al MAI. Indicó que la protesta pacífica es un derecho cívico, pero mencionó que las reuniones públicas son analizadas por una comisión interinstitucional, mientras que el Ayuntamiento evaluaría los daños y emprendería acciones para recuperar los perjuicios.
También entonces, las investigaciones se centraron en la posible desviación de la manifestación: las autoridades verificaban el papel de algunas personas consideradas responsables de haber movilizado o ampliado la protesta, y durante los enfrentamientos se utilizaron gases lacrimógenos; se informó de personas llevadas a declarar y de expedientes penales abiertos, en un contexto en el que la organización había sido anunciada con antelación en las redes sociales.
