En la mañana del viernes, los policías del condado de Vrancea realizaron seis registros en el marco de un caso penal abierto tras la suspensión de la actividad de un refugio privado de perros en Suraia. Estas acciones están dirigidas al propietario del refugio y a tres empleados, quienes son sospechosos de delitos como el asesinato intencionado de animales, su tortura, abuso en el ejercicio de funciones y falsedad intelectual.
Los registros fueron coordinados por un fiscal de la Fiscalía de la Corte de Focșani y se llevaron a cabo en los domicilios de cuatro personas físicas y en dos puntos de trabajo de una empresa comercial. La acción fue desencadenada después de que la Dirección Sanitaria Veterinaria y de Seguridad Alimentaria (DSVSA) de Vrancea interviniera en el refugio, tras la publicación de imágenes en línea de un perro maltratado y posteriormente eutanasiado. DSVSA decidió suspender la actividad del refugio, y la IPJ Vrancea abrió un caso penal por estos hechos.
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