Oana Gheorghiu, vicepresidenta interina, declaró que Rumanía tiene una empresa estatal, Grup Exploatare și întreținere Palat C.F.R. S.A., que administra el edificio Palatul C.F.R. en Bucarest, con 36 empleados y 4 miembros del consejo de administración.
La empresa se ocupa exclusivamente del alquiler de espacios a otras instituciones públicas, generando anualmente ingresos significativos. Gheorghiu subrayó que el dinero circula entre instituciones públicas, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia de esta estructura. También mencionó los graves problemas de gobernanza identificados por la Corte de Cuentas, incluida la falta de reevaluación del edificio desde 2013 y el incumplimiento de las regulaciones legales sobre la independencia del consejo de administración. La empresa ha estado involucrada en 177 procesos penales en la última década, incluido uno contra el Ministerio de Transportes. Gheorghiu destacó que, a pesar de estos problemas, la empresa no registra pérdidas, teniendo una tasa de rentabilidad modesta.
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