Nicușor Dan ha notificado al Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) en relación con una ley recientemente adoptada por el Parlamento, que permite la extensión de las subvenciones para las calderas de apartamento por dos años. Esta medida contraviene las normas europeas que prohíben tales subvenciones a partir de 2025. Dan sostiene que la legislación nacional no puede contradecir la directiva europea, invocando el artículo 148 de la Constitución, que impone el respeto a las regulaciones comunitarias. La ley adoptada por el Parlamento introduce una excepción que permite a las autoridades locales otorgar incentivos financieros para los inmuebles conectados a puntos térmicos con menos de 50 usuarios, argumentando que esto es necesario para proteger los presupuestos locales.
Nicușor Dan advierte que la adopción de esta ley podría acarrear penalizaciones financieras y afecta el derecho a un medio ambiente saludable, garantizado por la Constitución. Además, Rumanía enfrenta un procedimiento de infracción debido a los retrasos en la adopción de la legislación ambiental, y la promulgación de esta ley podría llevar a la pérdida de fondos europeos para la modernización de los sistemas de calefacción urbana.
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