Los empleados públicos, organizados por el Sindicato de Funcionarios, protestan contra el anunciado recorte de las primas, acusando al ejecutivo de afectar a los ingresos de quienes trabajan en condiciones difíciles. Las medidas impugnadas incluyen la limitación de la prima a 300 lei brutos y la reducción del número de días de vacaciones adicionales. Los sindicalistas piden la retirada del proyecto de OGE y la reanudación del diálogo social, acusando al gobierno de falta de transparencia. Las protestas se producen poco antes de una reunión gubernamental prevista para mediodía.
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