El Tribunal de Apel de Bucarest suspendió, a solicitud del PSD, las normas adoptadas por el Gobierno de Bolojan que preveían la suspensión del permiso de conducir para los conductores con multas impagas.
La medida, que debería haber entrado en vigor el 25 de agosto, fue impugnada con el argumento de que un gobierno destituido no puede adoptar tales decisiones. La suspensión del permiso debía aplicarse después de 90 días desde la recepción de un aviso de la autoridad fiscal local, y la duración de la suspensión se calculaba en función de la cantidad pendiente.
El Gobierno anunció que impugnará la decisión del tribunal, pero la aplicación de la medida podría ser pospuesta hasta la formación de un nuevo Ejecutivo. Además, la ordenanza modifica también las condiciones para la reducción de la suspensión, exigiendo el pago de todas las multas adeudadas al presupuesto local.
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