Los hermanos Micula mantienen su posición en la disputa con el estado rumano, contratando a la firma estadounidense de lobby Saunders Global Diplomacy para apoyar en Washington la ejecución de una decisión del ICSID por cientos de millones de dólares. Un tribunal federal en EE. UU. desestimó la solicitud de Rumanía de aplicar las decisiones del TJUE que prohibían la ejecución del veredicto de 2013, por el cual Rumanía estaba obligada a pagar a los hermanos Micula indemnizaciones de más de 356 millones de dólares.
Al mismo tiempo, las empresas de los hermanos Micula enfrentan investigaciones penales y acciones fiscales en Rumanía, incluyendo sospechas de transferencia ilícita de activos. La ANAF ha obtenido medidas cautelares para recuperar ayudas estatales otorgadas ilegalmente. European Food, la empresa de los hermanos, acusó a la prensa de demonización y cuestionó las acusaciones.
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