En el contexto de la prohibición de petardos y cohetes, la policía de Botoșani realizó registros en los depósitos de una nueva empresa de mensajería, descubriendo más de 800 kilogramos de artículos pirotécnicos ilegales. Estos eran entregados por personas jurídicas autorizadas a personas físicas no autorizadas. La acción forma parte de una campaña nacional de la Policía Rumana, que ha llevado a la confiscación de más de 100 toneladas de artículos pirotécnicos y a la apertura de más de 700 casos penales. Las modificaciones legislativas de agosto han prohibido la venta de artículos de las categorías P1 y T1 al público en general, permitiendo solo artículos con un nivel bajo de ruido. La adquisición y el uso de artículos prohibidos constituyen un delito, castigado con prisión de 1 a 5 años.
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