La jueza Sorina Marinaș del Tribunal de Apel de Craiova sostiene que transmitió al presidente Nicușor Dan, el 19 de octubre de 2026, el expediente disciplinario abierto contra ella por la Inspección Judicial, contradiciendo las declaraciones del jefe de Estado, según las cuales no había visto que ningún magistrado hubiera acudido a la Presidencia con documentos sobre las sanciones.
En un mensaje publicado en Facebook, la magistrada afirma que transmitió el expediente a través de un asesor presidencial y que posee pruebas de ello. Dice que o bien el asesor no informó al presidente «completa y correctamente», o bien existe una contradicción que debe aclararse.
La Inspección Judicial abrió contra Sorina Marinaș un procedimiento disciplinario en julio de 2026. Se acusa a la jueza de haber ejercido presiones y amenazas, a través de determinadas personas y de las redes sociales, sobre los miembros de la comisión de evaluación constituida en el Tribunal de Apelación de Craiova para el concurso de ascenso a cargos.
El martes por la noche, en el Palacio de Cotroceni, Nicușor Dan declaró que los magistrados que consideren que han sido sancionados por sus opiniones deberían presentar un extracto de las decisiones de la Inspección Judicial y del CSM. El presidente dijo que no había visto tales documentos y que se necesita un expediente claro, con nombres, fechas y resoluciones.
Sorina Marinaș se encuentra entre los jueces que criticaron públicamente la «lista negra» elaborada por el CSM en el contexto de las acusaciones sobre campañas de difamación y acoso contra algunos magistrados. También fue mencionada en la conversación mantenida en Cotroceni sobre los jueces que hablaron públicamente de los problemas del sistema de justicia.
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