La Corte Suprema de Casación y Justicia decidió el jueves devolver el expediente de la Mineriada a la Fiscalía General, constatando irregularidades en el escrito de acusación y excluyendo los documentos que contienen las declaraciones de los acusados ante la Comisión parlamentaria de investigación. El tribunal admitió las solicitudes y excepciones formuladas por los acusados, entre ellos Ion Iliescu, Petre Roman y Gelu Voican-Voiculescu, constatando que la descripción de los hechos y el análisis de las pruebas eran insuficientes.
El expediente, en el que Iliescu está acusado de la represión violenta de los manifestantes en la Plaza de la Universidad, fue devuelto a la mesa del tribunal el 2 de abril de 2025, después de haber sido inicialmente enviado a juicio en 2017. Los fiscales militares acusan a la antigua dirección de Rumanía de 1990 de violencias que resultaron en 4 muertes y 1.300 heridos, y el expediente fue reestudiado por la Fiscalía militar antes de ser devuelto al tribunal supremo.
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