La Cámara de Diputados ha adoptado, con 284 votos a favor, un paquete legislativo que modifica la Ley n.º 217/2003 y el Código Penal, con el objetivo de proteger a las víctimas de la violencia doméstica. El proyecto permite a varias instituciones, como los fiscales y las autoridades locales, presentar solicitudes de orden de protección en nombre de las víctimas. La orden de protección provisional se prorrogará automáticamente hasta la resolución de la solicitud en primera instancia, asegurando la continuidad de la protección.
Además, los tribunales evaluarán los riesgos incluso sin el informe del servicio de libertad condicional, y las víctimas no podrán ser presionadas para renunciar a la solicitud de protección. Otra modificación importante prohíbe la retirada de la denuncia penal en casos de violencia doméstica, tratando la violencia como un problema de seguridad pública. Alina Gorghiu, presidenta de la Comisión especial, subrayó la importancia de estas medidas para la seguridad de las víctimas.
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