Un inspector antifraude de Bucarest, Nistor Constantin, fue sorprendido en flagrante por los fiscales de la DNA mientras recibía 3.000 lei del administrador de una empresa, C.A.S., para limitar un control fiscal en dicha sociedad. El inspector solicitó el dinero para no continuar las verificaciones y aplicar solo una multa administrativa, tras el descubrimiento de varias irregularidades. Los fiscales iniciaron la acción penal y impusieron control judicial por 60 días, prohibiéndole el ejercicio de su función.
Además, el presidente de la ANAF, Adrian Nica, reconoció la existencia de señales sobre la protección de empresas por parte de inspectores, subrayando la necesidad de una supervisión más estricta de los empleados. En los últimos dos años, la DNA ha formulado acusaciones contra aproximadamente 70 personas de la ANAF y la Aduana.
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