El ICCJ propone un acuerdo que establece que "la Justicia no puede ser objeto de campaña, blanco de ataque político o instrumento de desvío de responsabilidades de otros poderes del estado" y solicita aclaraciones sobre las pensiones de los magistrados, para asegurar la estabilidad institucional.

Los representantes de la Alta Corte de Casación y Justicia (ICCJ) han propuesto un "acuerdo para la Justicia y la estabilidad institucional", que subraya que la Justicia no debe ser objeto de ataques políticos o campañas. El acuerdo busca la clarificación del hito 215 sobre las pensiones de los magistrados, que ha sido considerado cumplido, y solicita una solución legislativa unitaria para la jubilación. La ICCJ exige el respeto a la independencia de la Justicia y el cese de los ataques políticos, subrayando que cualquier modificación legislativa debe realizarse en consulta con el sistema judicial. También se solicita un plan de etapas para las modificaciones legislativas y una proporción equitativa entre salarios y pensiones, para asegurar la estabilidad financiera y profesional de los magistrados. El acuerdo subraya la importancia de la cooperación entre instituciones para cumplir con los compromisos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y para evitar la pérdida de fondos europeos.