El acusado P.D.V. afirmó que era policía y solicitó 55.631 lei para intervenir en la resolución de un caso penal relacionado con un accidente de tráfico. Recibió 52.086 lei de la víctima, prometiendo el archivo del caso y la recuperación del permiso de conducir. Tras reconocer el hecho, aceptó una pena de 4 años de prisión y la prohibición de ciertos derechos. La DNA impuso un embargo sobre la suma para confiscación. El caso fue enviado al Tribunal de Sibiu para su juicio.
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