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La Fundación para la Defensa de los Ciudadanos contra los Abusos del Estado (FACIAS) solicita al ministro de Energía que intervenga urgentemente para aplicar la Ley n.º 160/2026, que permite a los prosumidores utilizar el valor de la energía suministrada a la red para pagar las facturas de electricidad o gas en otros puntos de consumo de su propiedad.
La organización sostiene que la ANRE no adoptó las normas necesarias dentro del plazo legal de 60 días, que expiró el 24 de septiembre de 2026. La autoridad habría propuesto aplazar la aplicación del mecanismo de compensación hasta el 1 de enero de 2027, alegando la adaptación de los sistemas informáticos y de los procedimientos de los proveedores.
El 31 de julio de 2026, Rumanía tenía 373.249 prosumidores, de los cuales 337.607 eran personas físicas. FACIAS afirma que el retraso les obliga a seguir pagando las facturas, mientras el valor del excedente de energía permanece en manos de los proveedores.
La organización pide a la ANRE explicaciones oficiales, un calendario público para la adopción de las regulaciones y medidas para proteger a los prosumidores de posibles pérdidas. FACIAS ya ha iniciado el procedimiento administrativo previo contra la autoridad.
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