El Tribunal de Vaslui anuló 150 de pruebas del caso de soborno del exministro de Salud, Nelu Tătaru, por el motivo de que estas fueron obtenidas a través de grabaciones realizadas por la Dirección General Anticorrupción (DGA). La decisión se basa en una resolución de junio de 2025 de la Alta Corte de Casación y Justicia, que limita el uso de las pruebas de la DGA en los casos de corrupción a aquellos que involucran a empleados del Ministerio del Interior.
El tribunal constató que el requerimiento de la DNA fue ilegalmente constituido, incluyendo pruebas excluidas. El fiscal del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), Claudiu Sandu, subrayó un fenómeno alarmante, con muchos casos devueltos a los fiscales debido a la anulación de las pruebas obtenidas con la DGA. Nelu Tătaru fue acusado de soborno entre abril y julio de 2024, pero negó las acusaciones, afirmando que no condicionó el acto médico. La DNA debe comunicar en un plazo de 5 días si mantiene el envío a juicio o solicita la devolución del caso.
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